Reglas claras para lo público: el Senado recibe el proyecto de Ley General de Concesiones
El Poder Ejecutivo depositó el jueves 29 de octubre en el Senado el proyecto de Ley General de Concesiones de Bienes, Servicios y Obras Públicas, una pieza que busca poner reglas claras a los contratos mediante los cuales empresas privadas construyen, administran y operan bienes, servicios y obras del Estado. Todavía no es ley: debe agotar el trámite legislativo.
El proyecto lo recibió el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, de manos del director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, acompañado por Maireni Rivas, subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, y Esteivin Acosta, especialista legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
La iniciativa regula el régimen jurídico aplicable a las concesiones y todo su ciclo: planificación, selección, adjudicación, formalización, ejecución, supervisión, modificación y terminación, con el fin de asegurar la prestación eficiente de servicios públicos y la adecuada gestión de bienes y obras, con transparencia y seguridad jurídica.
En cuanto a los plazos, el artículo 32 dispone que los contratos no podrán ser inferiores a cinco años ni superiores a 40, según la naturaleza del proyecto, la inversión requerida y el período razonable para recuperar los recursos invertidos, salvo disposición legal especial. Las prórrogas deberán responder a causas objetivas, sobrevenidas y debidamente justificadas, con informe técnico de la entidad concedente y aprobación del órgano rector.
El proyecto crea el Sistema Nacional de Concesiones Públicas, bajo la rectoría de la DGCP, y el Consejo Nacional de Concesiones, encargado de deliberar y adoptar decisiones sobre los proyectos en los casos previstos. La selección de los concesionarios se hará por licitación pública nacional o internacional, con criterios objetivos de evaluación, publicidad de los procedimientos y obligaciones de supervisión y rendición de cuentas. También incorpora medidas para prevenir conflictos de interés, restricciones para personas incursas en prohibiciones e inhabilidades, y un régimen de infracciones y sanciones.
Sobre las tarifas de los servicios concesionados, cualquier revisión o ajuste deberá contar con justificación técnica y financiera, aplicar criterios objetivos y obtener la aprobación del Consejo Nacional de Concesiones. La pieza prohíbe modificar las tarifas antes del inicio de las operaciones y durante los primeros dos años de prestación del servicio, salvo las excepciones contempladas en la ley, el contrato o la normativa sectorial aplicable.
Pimentel explicó que el proyecto busca incorporar las concesiones al régimen nacional de contrataciones públicas, debido a la ausencia de una regulación específica para esta modalidad contractual. Rivas destacó que complementa las transformaciones del Estado con un marco legal para las concesiones. De los Santos informó que la pieza será colocada en agenda para su conocimiento y posterior remisión a una comisión legislativa para su estudio, antes de ser conocida por el pleno del Senado. Si el Senado la aprueba, pasará a la Cámara de Diputados para continuar su trámite constitucional.
Fuentes: El Caribe, Noticias SIN y Al Momento, 29-30 de octubre de 2026. Foto: Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo (Presidencia).