Volver a viajar sin una traba injusta: la depuración que devolvió el libre tránsito a 56,140 personas

SANTO DOMINGO. Hay decisiones del Estado que devuelven dignidad sin hacer ruido. La Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración concluyeron que miles de dominicanos vivían con una traba que no debía existir: impedimentos de salida del país y alertas migratorias sin sustento judicial, algunos vigentes desde 1990.

Tras más de seis meses de auditoría caso por caso, se levantaron 56,140 registros. Eran personas con procesos judiciales ya cumplidos o con errores administrativos sin una orden de un juez que justificara limitar su libertad de movimiento. La propia Procuraduría lo definió como un triunfo de los derechos fundamentales y una victoria de la Constitución.

La medida se apoya en la Ley 200 sobre Impedimentos de Salida y en los artículos 40, 46 y 169 de la Constitución, que protegen la libertad personal, el libre tránsito y el rol del Ministerio Público como garante de los derechos ciudadanos. La procuradora Yeni Berenice Reynoso pidió priorizar el levantamiento de los registros sin base legal, los históricos acumulados entre 1990 y 2026 y los que ya cumplieron su fin, sin importar quién los hubiera colocado.

El trabajo no termina aquí: la mesa técnica seguirá hasta la depuración total del sistema y prepara un nuevo esquema de interoperabilidad, previsto para diciembre de 2026, para que colocar o levantar un impedimento responda siempre a una decisión judicial y no a un archivo olvidado. Cuando la ley corrige a tiempo, la libertad deja de depender de un papel viejo.